Un reciente estudio del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) revela que el ajuste fiscal impulsado por la gestión de Javier Milei tiene su mayor impacto en la obra pública, superando los recortes aplicados en otras áreas sensibles como jubilaciones, ciencia y salud.
Según el reporte, el recorte acumulado en obra pública asciende a $19,2 billones (a valores constantes), lo que representa poco más del 26% del “ahorro fiscal” total de $72 billones.
Esta cifra posiciona a la inversión en infraestructura como el ítem más afectado, muy por encima de las jubilaciones ($15,2 billones), los programas sociales ($10,9 billones) y los subsidios a la energía ($9,3 billones).
Por otra parte, MATE explica que esta drástica política responde a una estrategia de redireccionar fondos para el pago de la deuda pública.
El recorte de la obra pública es una pieza clave en la “red argumental construida para atender las obligaciones financieras”, según el estudio.
Este ajuste se enmarca en un contexto de toma de deuda, remuneración de títulos públicos con tasas superiores a la inflación y tensiones cambiarias, que se manifiestan a través del carry trade.
El informe del MATE subraya que el buscado superávit fiscal, a menudo destacado por el gobierno, se logró a través de recortes severos y generalizados.
Además de la obra pública, se recortaron jubilaciones y pensiones, salarios públicos, puestos de trabajo en el Estado y se congeló la financiación universitaria, así como las transferencias a las jurisdicciones provinciales.
El estudio concluye que este superávit es “temporal y engañoso”, ya que se basa en un ajuste con alto costo social y productivo.
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