Tras la renuncia de Pablo Baca a su cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia, el presidente del Bloque Frente de Todos – Partido Justicialista de la Legislatura de Jujuy, Pedro Belizán, afirmó que la decisión del ahora exmagistrado era “los más prudente”, aunque sostuvo que demoró mucho tiempo en hacerlo y que ello produjo un desgaste institucional innecesario. Al mismo tiempo, reafirmó que la decisión de su bancada se mantiene inalterable con respecto al proyecto de intervención federal del Poder Judicial de la provincia.
“Nuestro bloque fijó una posición hace un par de semanas con relación al proyecto del senador nacional por Jujuy Guillermo Snopek. El PJ y todos los diputados del Frente de Todos adherimos al pedido de intervención porque ha quedado demostrado en los dichos de Baca, que lo llevaron al juicio político en la Legislatura, que en la Justicia jujeña existe una fuerte injerencia del Poder político”, manifestó Belizán.
Aclaró que “el proyecto en cuestión no persigue la liberación de la exdirigente social Milagro Sala y que esa afirmación responde a una campaña política que vienen llevando adelante el gobernador Gerardo Morales para infundir miedo y desviar la atención de la opinión pública para tapar otros asuntos urgentes para la población que necesitan una rápida solución”.
Asimismo, el jefe de la bancada peronista dijo que en la provincia se han venido produciendo algunos hechos que generan preocupación e incertidumbre y citó, entre algunos otros, la falta de independencia de poderes. Manifestó además que las sospechas sobre la dependencia de la Justicia del Poder político de turno se han ido confirmando en los últimos años.
Belizán recordó que desde la reforma del Poder Judicial que aprobó en diciembre de 2015 la mayoría parlamentaria de Cambia Jujuy, se han sucedido acontecimientos que hablan de la falta de autonomía del Poder Judicial. En ese marco, recordó el aumento de miembros del Superior Tribunal de Justicia que de cinco pasó a nueve jueces, siendo dos de ellos, Baca y Beatriz Altamirano, diputados de la UCR que votaron horas antes esa modificación.
A esa irregularidad le sumó la creación del Ministerio Público de la Acusación, cuya inconstitucionalidad ha sido planteada judicialmente por diversos actores de nuestra sociedad. “Este organismo le vino a restar autoridad y autonomía a la Fiscalía General del Poder Judicial, estableciendo una vía paralela que responde directamente al gobernador”, agregó.
Por último, el legislador manifestó que “existen muchas causas para pedir la intervención de la Justicia jujeña” y que ese paso es fundamental para garantizar el estado de derecho y asegurarle a toda la sociedad una Justicia independiente”.
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